"No es nada frecuente en el mundo de la justicia española, que una misma persona pueda reunir la condición de Decano de un Colegio de Abogados y al mismo tiempo ser designado por la autoridad gubernativa competente Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial, claro está que habría de aclararse, que dicha situación exepcional se produjo también en unos momentos y circunstancias extraordinarias, como lo era Madrid en el periodo de la guerra civil, a partir de noviembre de 1936, en el que el Gobierno de la República decidió trasladarse a Valencia.
Tampoco es normal, que el ejercicio de esas dobles funciones públicas, fuesen los motivos para ser una de las personas detenidas y sin poder concretarse la fecha como consecuencia del golpe del coronel Casado, antes de la entrada en Madrid , el veinte y siete de marzo de 1939- por el denominado Ejército de Ocupación, que así se autocalificaban las tropas del denominado bando nacional. Se le instruyese el mismo treinta y uno de dicho mes, uno de los primeros procedimientos sumarísimos, el Nº 9/1939, donde prestaron declaraciones treinta testigos, celebrado el consejo de guerra el 17 de mayo, sin que ninguno de ellos concurriese al acto de la vista, donde fue condenado a muerte por el delito de adhesión a la rebelión, pena ejecutada el 24 de junio de 1939, fecha trágica, por ser el mismo día que hubo 102 fusilamientos en la tapias del cementerio del este.
Tampoco es normal, que pese a las circunstancias que concurrían en el personaje, su doble función pública de Decano del Colegio de Abogados y Fiscal Jefe, su militancia política y sindical, ya que consta su afiliación al PCE y posterior al Sindicato de Funcionarios de la Administración de Justicia de la UGT, ninguna de esas Instituciones hasta la fecha, haya intentado rescatarlo del olvido y como la de otras muchas miles de personas prácticamente desconocidas, haya estado a punto de irse por las alcantarillas de la Historia." [Seguir leyendo]
Fuente: Justicia y Dictadura